Fraude electoral

Carroll Ríos de Rodríguez

La transparencia exige sujetarnos a lo establecido por la Constitución y la Ley Electoral y de Partidos Políticos.

Es válida la preocupación entre los guatemaltecos por un eventual fraude electoral. Los costos y beneficios se alinean para tentar a los partícipes en las próximas elecciones generales.

Sin embargo, éstas deben ser transparentes para bien de nuestra democracia. Da pausa saber que un alto porcentaje de la ciudadanía vería con buenos ojos un rompimiento del orden constitucional, según reportan encuestas como Latinobarómetro. ¿Qué pasaría si los ciudadanos desconfiáramos de los resultados anunciados en los próximos comicios?

¿Qué factores alimentan el temor al fraude electoral? De lado de la oferta política, genera desconfianza que algunos partidos y potenciales candidatos rechacen, en palabra o mediante actos concretos, las reglas que rigen el proceso electoral.

Por ahora, la transparencia exige sujetarnos a lo establecido por la Constitución y la Ley Electoral y de Partidos Políticos, sin perjuicio de búsquedas paralelas para su reforma. Segundo, se escuchan temibles rumores de que el partido gobernante pudiera abusar del poder, comprando votos y voluntades, desviando fondos públicos hacia la campaña y manipulando a funcionarios o instituciones vinculados con el proceso electoral. Tercero, el crimen organizado y el narcotráfico podrían distorsionar el proceso. Finalmente, las acusaciones de fraude en países vecinos (contra Ortega en Nicaragua y Zelaya en Honduras) nos hace realizar que aquí pudiera ocurrir lo mismo.

La principal preocupación del lado de la demanda política tiene que ver con un electorado debidamente documentado. Causa incertidumbre celebrar una elección sin haber concluido la transición de la Cédula de Vecindad al Documento Personal de Identificación (DPI). La polémica gestión del RENAP provoca angustias.

Además, sospechamos que “los demás votantes” se doblegarán frente al discurso demagógico y las ofertas de subsidios varios. Finalmente, nos preocupa que como ciudadanía desarticulada no seamos competentes fiscalizadores. A su vez, los observadores internacionales sólo atestiguan sobre los hechos en los días circundantes a la elección, no sobre lo que pudiera cocinarse a fuego lento.

Las listas de prácticas catalogadas de fraude electoral incluyen las mencionadas arriba. Además, conviene estar atentos a otras posibles tácticas: uso de la violencia y/o la intimidación; maniobras ilegales meses antes de la elección; irregularidades en el conteo de votos; coacción a funcionarios públicos para votar por el oficialismo; la desinformación a la prensa; y la selección de observadores internacionales parciales.

Las autoridades competentes, principalmente las que laboran en el Tribunal Supremo Electoral (TSE), deberían informar al público cómo procurarán la transparencia de los próximos comicios. Y los ciudadanos debemos sumarnos a iniciativas de fiscalización y monitoreo en cuanto antes. Hay mucho en juego. La estabilidad política es importante para que prosperemos económicamente. En aras de un sistema democrático sano, ciñámonos al refrán: “Más vale prevenir que

Artículo publicado en el diario guatemalteco "Siglo XXI", el día miércoles 19 de enero 2011.