Fertilizantes

... por qué ponernos nosotros mismos más cargas y más regulaciones.

Estuardo Zapeta

Ya es la norma política: creerse más sabios, mejores, moralmente superiores, y hasta tecnológicamente más avanzados que el sentido común, y con base en esa fantasía, legislar hasta el cansancio, no sólo más allá del sentido común —parece entre legisladores el menos común de los sentidos— y reinventar no sólo el agua azucarada, sino pasarse de listos y poner nuevos parámetros a lo que no lo tiene, o no lo necesita, todo, con la finalidad de alguna protección o privilegio (de “privis” y “legis”, o sea “ley privada, con dedicatoria, pues).

En el Congreso circula una especie de “iniciativa” por la cual no sólo se quiere “redefinir” qué es, cómo es y para qué es un “fertilizante”, sino que también se pretende crear una normativa dirigida con mira telescópica para la protección de algún grupo, familia, y/o negocio, destruyendo un mercado muy activo, el de los fertilizantes, en un país agrícola, cuya posibilidad principal está en la apertura de mercado, no en el cierre de éste.

En este sentido, entrevisté las semana pasada a Malcolm Summer, en la quien previamente fue, en South Africa, y quien es considerado a nivel global uno de los expertos en suelos y fertilizantes, y quien había tenido reuniones en el Congreso para presentar el punto de vista científico.

De nuestra conversación radial saco dos o tres conclusiones, de las cuales quiero dejar constancia, y yo agrego una tercera, la cual va en la línea de una propuesta básica de Economía de Mercado, y en contra de protecciones y privilegios que destruirían nuestra debilitado sector agrícola.

Según Summer, el problema básico es que se está redefiniendo en Guatemala qué es un “fertilizante”, y sin entrar en los detalles técnicos, de aprobarse esa “nueva definición”, --los chapines siempre queriendo pasarse de listos, verdad-- seríamos los únicos que estaríamos a esa arbitraria y anti-científica definición, la cual sacaría a muchos agricultores, sobre todo agroexportadores, de la competencia global, y estaríamos fuera de los protocolos internacionales, siempre por “pasarnos de listos.”

Segunda conclusión básica es que no debe irse más allá de los principios globalmente aceptados de definiciones de “fertilizantes”, y si alguna función deberá jugar, digamos el Congreso o el Ejecutivo, será en velar porque se cumplan los contratos, principalmente para el “Consumidor”, y que si una bolsa de fertilizante dice que sus compuestos son A, B y C, que como parte de ese cumplimiento de “contrato”, el consumidor/agricultor no deberá ser estafado ni con menos ni con más. Para eso no se necesitan nuevas normativas, con las existentes sobra y basta.

Tercero, y final, yo agrego que más regulaciones sólo servirán para intervenir un mercado, que ya está suficientemente intervenido, y que en muchos casos hace difícil a los agricultores competir, ya que son eficientes, pero las barreras no arancelarias en otras latitudes hacen difícil el camino. Entonces ¿por qué? ponernos nosotros mismos más cargas y más regulaciones.

Compartiré siempre que reglas mínimas, claras, conocidas, abstractas, de aplicación universal, para competir sanamente hacen más bien a Guatemala que una normativa que busca privilegios y protecciones.

Artículo publicado en el diario guatemalteco "Siglo XXI", el día martes 07 de diciembre 2010.